Visita de una Inspección Tributaria a la empresa.

Uno de sus clientes le acaba de llamar diciéndole que la Inspección Tributaria se ha presentado por sorpresa en su domicilio. ¿Cómo actuar en estos casos? ¿Puede su cliente negar la entrada al inspector?


PRIMERA VISITA


Domicilio

Con protección. En primer lugar, verifique si la Inspección se ha personado en un domicilio “constitucional

mente protegido”. En el caso de las personas jurídicas, esta protección constitucional [CE, art. 18.2] alcanza a aquellos espacios físicos que son indispensables para desarrollar la actividad sin intromisiones ajenas; es decir, allí donde se hallen la contabilidad, los libros registros, los ordenadores y los archivos informáticos que sirven para dirigir y gestionar la empresa.

Se trataría así de los lugares en los que se ejerza la habitual dirección y administración de la sociedad, y también de los lugares que sirvan de custodia de documentos y otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento, con independencia de que sea el domicilio fiscal, la sede principal o la sede secundaria [TS 23-04-2010] .

Sin protección. Por el contrario, no gozan de esta protección constitucional los establecimientos abiertos al público o aquellos en los que se lleva a cabo una actividad no vinculada con la dirección o gestión de la sociedad, o con la custodia de documentos. Tampoco disfrutan de protección especial las oficinas donde únicamente se exhiben productos comerciales ni los almacenes, tiendas, depósitos o instalaciones productivas ajenas a la gestión o administración (fábricas, talleres, naves industriales, etc.).


Con protección constitucional

Autorización judicial. Si se trata de un domicilio protegido constitucionalmente, la Inspección sólo podrá acceder con consentimiento de los representantes de la empresa o, en defecto de consentimiento, con autorización judicial [LGT, art. 113; RGIT 172.3] . Si la Inspección se presenta únicamente con la autorización de entrada firmada por el delegado de Hacienda [RGIT, art. 97.1.e)] o sin ninguna autorización, informe a su cliente de que puede oponerse a la entrada en su domicilio. Y si a pesar de su oposición los inspectores acceden sin orden judicial a una de estas zonas reservadas, dígale que deje constancia en la diligencia de que no consiente dicho acceso.

Autorización del juez. Si la Inspección dispone de orden judicial, ya no será necesario que obtenga el consentimiento de su cliente para entrar en el domicilio. En cualquier caso, deberá entregar una copia de dicha orden al representante de la empresa o a la persona que allí se encuentre, ya que el auto judicial deberá limitar exactamente a qué lugares y a qué documentos o archivos informáticos puede acceder la Inspección.

Si existe orden judicial y aun así su cliente se opone a la entrada, los inspectores pueden recabar el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.


Sin protección constitucional

Entrada. Si la Inspección se persona en una dependencia que no es un “domicilio constitucionalmente protegido”, podrá acceder con el consentimiento del representante de la empresa o, en su defecto, exhibiendo la autorización del delegado de Hacienda o del director de departamento del que dependa el órgano actuante [LGT, art. 151.2; RGIT, art. 172.2] . Si no existe esa autorización se le puede denegar la entrada.

Si la empresa deniega la entrada aun existiendo autorización del delegado, puede ser sancionada por obstrucción a la actuación inspectora [LGT, art. 203.1.d)] . No obstante, si en el momento de la personación no se halla presente el encargado de la oficina o local, los restantes empleados no están obligados a autorizar la entrada, y ello no podrá ser objeto de sanción.

Facultades de la Inspección. Una vez acceda a las dependencias de la empresa, la Inspección puede examinar la contabilidad y los libros registro, así como las facturas, datos, informes y cualquier otro documento que tenga trascendencia tributaria. También puede obtener copia, en cualquier soporte, de estos documentos [vea el resto de facultades en RGIT, art. 171 a 173] .

En cualquier caso, las actuaciones se llevarán a cabo con respeto a la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en el local, con la posibilidad de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas o días [LGT, art. 152.2] .

Medidas cautelares. Además, si la Inspección considera que algunas pruebas pueden desaparecer o alterarse, podrá adoptar medidas cautelares [LGT, art. 146] (como el precinto, depósito o incautación de ordenadores). En cualquier caso, dichas medidas deberán ser proporcionadas y limitadas temporalmente, no podrán producir perjuicios de difícil o imposible reparación, y deberán ser ratificadas por el órgano competente para liquidar en el plazo máximo de 15 días.

El contribuyente puede esgrimir su derecho a ser asistido por un asesor fiscal [RGIT, art. 112.7] como excusa para demorar el inicio de las actuaciones hasta que éste se persone.

En caso de que la presencia del asesor no sea posible, se producirá un conflicto de derechos –el de la Inspección a examinar la documentación frente al del contribuyente de ser asistido por un asesor fiscal–. En este caso –y con el fin de evitar posibles sanciones por obstrucción– es recomendable permitir al inspector un acceso “limitado” (entregándole, por ejemplo, las declaraciones fiscales y las cuentas anuales); y si requiere más documentación, manifestar el derecho a que en ese caso ya esté presente el asesor.


¿Y SI YA SE HAN PERSONADO?

Sin autorización

Revise la diligencia de entrada. Si se trata de una entrada en un domicilio constitucionalmente protegido y la Inspección la ha realizado sin autorización judicial, o bien se trata de otro tipo de dependencias pero la Inspección no tenía autorización del delegado especial, analice si en la diligencia de entrada se ha hecho constar lo siguiente:

  • Que la Inspección solicitó y obtuvo el consentimiento para la entrada y registro en el domicilio, así como para la retirada de la documentación existente. Tiene que ser un consentimiento expreso y constar así en la diligencia.
  • Que dicho consentimiento fue recabado de quien ostenta la representación legal de la empresa o ejerce labores de dirección o administración, con efectiva intervención en las decisiones de la empresa [TS 25-01-2012] . Por lo tanto, no es válido el consentimiento recabado de ninguna otra persona (empleado administrativo, jefe de contabilidad, etc.).
  • Que la Inspección informó al obligado tributario del derecho a denegar el acceso al mencionado domicilio en caso de ausencia de autorización judicial (si se trataba de un domicilio constitucionalmente protegido) [TC 16-03-2015] .
  • Que la Inspección informó al contribuyente del derecho que le asiste a revocar en cualquier momento el consentimiento anteriormente concedido.

Incumplimiento. Si la Inspección no ha cumplido las anteriores premisas, la entrada en el domicilio podría ser declarada nula, en cuyo caso también serán nulas las evidencias y pruebas obtenidas como consecuencia de dicha entrada (no pudiendo ser utilizadas para fundamentar la liquidación final girada a la empresa). No obstante, las pruebas o evidencias obtenidas por una vía totalmente independiente a la del acto nulo (como, por ejemplo, la aceptación de hechos ante la propia Inspección) sí que serán válidas para fundamentar la liquidación [TS 23-04-2010] .

Con autorización judicial

Posible impugnación. Si se trata de una entrada que se ha realizado con autorización judicial, también es posible actuar contra las liquidaciones posteriores impugnando el propio auto judicial que fundamente la entrada. En este sentido, uno de los elementos esenciales para que el juez autorice la entrada es que concurran indicios de que se está cometiendo una actuación fraudulenta grave, bien en el ámbito penal, bien en el ámbito administrativo.

Incorrectos. Por tanto, si se pone de manifiesto la incorrección de los indicios utilizados para autorizar la entrada, la consecuencia sería la anulación de la autorización judicial obtenida, por no concurrir el necesario elemento de necesidad de dicha entrada en el domicilio [TSJ Cataluña 26-09-2008] .

(Fuente indicator.)

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